Las reglas de juego del sector petrolero y gasífero penden de un hilo. El amplio proceso de privatización y desregulación implementado en los noventa se realizó sobre la base del endeble marco jurídico de tres decretos.

La historia reciente evidencia el derrotero pendular que ha sufrido el sector petrolero en la Argentina. A épocas de apertura a las inversiones, bonanza y crecimiento económico siguen décadas de intervención, estatismo, alejamiento del capital privado y estancamiento. La inestabilidad institucional se manifiesta porque se sigue rigiendo por una ley (17319) que tiene más de 40 años que supone el dominio originario en manos de la nación mientras la constitución de 1994 establece en su artículo 124 que ´corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio´.

La situación se agravó por la coyuntura económica. La crisis 2001/03 y la devaluación del peso en enero de 2002 provocaron la reacción del gobierno nacional, que introdujo controles de precios a las tarifas de servicios públicos y un rango de referencia del precio del petróleo para subsidiar el precio de los combustibles. La consecuencia es la falta de inversión en el sector, el sobreconsumo que también afectó los ingresos generados por regalías, principal fuente de ingresos de las provincias productoras dado que fijo un tope arbitrario de U$S 36 por barril.

Pese a que las ´normas de fondo´ establecen el dominio de las provincias, la titularidad de hecho del ´rey´ sigue intacta. La inseguridad jurídica deviene de la falta de normas fundamentales que disminuyan el poder arbitrario del estado nacional.

 
 
 

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